Propuesta durante el primer semestre de este año, la Ley del Fondo para el Fomento para el Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores podría quedar solo en propuesta ya que aún no se discute en el Congreso y la actual legislatura termina el 31 de agosto.
Aunque existen precedentes estatales como la Ley de Promoción e Impulso al Joven Emprendedor para el Estado de Colima, promulgada el 3 de agosto de 2013, o la Ley para el Impulso Emprendedor del Estado de Coahuila, que entró en vigor el 30 de diciembre de 2014, no existe todavía a nivel nacional un ordenamiento legal sobre ese tema.
En marzo de este año se turnó a comisiones en el Congreso el proyecto de decreto de la Ley del Fondo para el Fomento para el Desarrollo de los Jóvenes Emprendedores, sin embargo, la legislatura termina el 31 de agosto próximo y la propuesta está pendiente de revisión.
El objetivo, según lo propuesto, es expedir dicho ordenamiento legal para impulsar el crecimiento económico a nivel federal y promover la inserción de los jóvenes a la economía productiva y sustentable, así como el otorgamiento de estímulos que apoyen a la viabilidad y continuidad de la iniciativa empresarial de jóvenes empresarios y emprendedores.
La iniciativa fue de la diputada Norma Guel Saldívar quien dijo en un comunicado: “La iniciativa de ley propone crear un Fondo de Promoción, Impulso y Fomento al Joven Emprendedor con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente y será la Secretaría de Economía quien administre y entregue los créditos del fondo”.
De acuerdo con lo planteado en el proyecto de ley, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social debería promover y desarrollar programas de capacitación al emprendimiento, de manejo de las relaciones obrero-patronales, cultura laboral, física y jurídico administrativa; además de impulsar la aplicación de modelos de calidad y asesorar a los emprendedores para aumentar competitividad, productividad y empleos.
El sector de población más joven enfrenta situaciones como restricciones o prejuicios a partir de la inexperiencia e inmadurez percibidos por su edad, hecho que impide el inicio de una vida laboral con buenas perspectivas.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta agosto de 2020 se tenía estimado que en México hay 30.6 millones de mexicanos de entre 15 a 29 años de edad, lo que representa el 25.7 por ciento de la población.
La última Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo (ENDE) reportó en ese rango de edad una tasa de desempleo de 18 por ciento, algo que se vio incrementado por la pandemia de COVID-19. Entre marzo y diciembre del año pasado 440 mil 47 jóvenes perdieron su empleo formal y no han logrado recuperarlo.
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